La última dictadura argentina (1976–1983)

A las tres de la madrugada del 24 de marzo de 1976, la mayoría de los argentinos dormía. No sabían que, mientras dormían, tropas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea ya estaban tomando posiciones en puntos clave de todo el país. A las cinco y media de la mañana, las radios y canales de televisión empezaron a transmitir un comunicado firmado por una recién creada Junta Militar. Anunciaba que el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón había sido derrocado. La presidenta fue detenida esa misma madrugada y trasladada en helicóptero. Millones de argentinos se despertaron esa mañana con tanques en las calles y con una voz militar en la radio que anunciaba, en un tono seco y burocrático, el comienzo de lo que llamaron el Proceso de Reorganización Nacional.

Nadie podía imaginar todavía la magnitud de lo que ese comunicado ponía en marcha.

Un país al borde del colapso

Para entender el golpe de 1976 hace falta retroceder un poco. Juan Domingo Perón había vuelto a la presidencia en 1973, después de dieciocho años de exilio y de proscripción de su partido. Murió en julio de 1974. Lo sucedió su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, conocida popularmente como Isabel Perón. Isabel no tenía ni la experiencia política ni el respaldo que había tenido su marido.

Durante su gobierno, la violencia política escaló de manera dramática. Organizaciones guerrilleras de izquierda, como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, realizaban secuestros, atentados y asesinatos. Del otro extremo del espectro, un grupo parapolicial conocido como la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina, asesinaba de manera clandestina a militantes de izquierda, sindicalistas y activistas. Ese grupo operaba con la cobertura y hasta la financiación de sectores del propio gobierno de Isabel Perón.

A esa violencia política se sumaba una crisis económica cada vez más severa. En junio de 1975, el ministro de Economía Celestino Rodrigo aplicó un fuerte ajuste que devaluó la moneda y disparó los precios de un día para el otro. Ese episodio quedó grabado en la memoria colectiva como "el Rodrigazo" y terminó de erosionar cualquier confianza que quedara en la capacidad del gobierno de Isabel Perón para manejar la economía. La inflación llegó a superar el cien por ciento anual hacia fines de 1975. Había escasez de productos básicos y una inestabilidad institucional constante. En ese contexto, sectores empresariales, políticos y buena parte de la prensa empezaron a ver con simpatía la posibilidad de una intervención militar. Muchos pensaban que las Fuerzas Armadas podían restaurar el orden.

Argentina no era un caso aislado en la región. Durante esos mismos años, gobiernos militares similares ya gobernaban Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. Varios de esos regímenes coordinaban entre sí, a través de un mecanismo secreto de cooperación conocido después como el Plan Cóndor. Bajo ese sistema, los servicios de inteligencia de distintas dictaduras sudamericanas compartían información, y hasta se prestaban ayuda mutua, para perseguir, secuestrar y asesinar a opositores políticos que habían cruzado la frontera hacia un país vecino buscando refugio.

El golpe y la nueva Junta Militar

El golpe del 24 de marzo de 1976 no fue una sorpresa total. Se venía anunciando desde hacía meses en rumores constantes. Al mando quedó una Junta Militar integrada por tres comandantes: el teniente general Jorge Rafael Videla, por el Ejército; el almirante Emilio Eduardo Massera, por la Armada; y el brigadier Orlando Ramón Agosti, por la Fuerza Aérea. Videla asumió además la presidencia de la nación.

La Junta disolvió el Congreso Nacional de inmediato. Destituyó a los miembros de la Corte Suprema. Prohibió la actividad de los partidos políticos y de los sindicatos. Intervino universidades y medios de comunicación. Impuso una censura estricta sobre la prensa. El nombre elegido para todo este proceso, Proceso de Reorganización Nacional, buscaba transmitir una imagen de orden técnico y de emergencia transitoria. En la práctica, escondía un plan mucho más profundo y mucho más violento: la eliminación sistemática de cualquier forma de disidencia política, sindical o social.

El golpe recibió, al menos en sus primeros meses, cierta tolerancia internacional. El gobierno de Estados Unidos, encabezado en ese momento por Gerald Ford con Henry Kissinger como secretario de Estado, mantuvo una postura ambigua frente a la nueva Junta. Documentos desclasificados décadas más tarde mostraron que Kissinger había transmitido en privado un mensaje de respaldo a la política de seguridad del régimen, pese a conocer ya los primeros informes sobre violaciones graves a los derechos humanos.

El terrorismo de Estado

Lo que distinguió a esta dictadura de golpes anteriores en Argentina fue la magnitud y la sistematicidad de la represión. El régimen montó una red de aproximadamente quinientos centros clandestinos de detención repartidos por todo el país. Ahí se torturaba y se interrogaba a personas detenidas de manera ilegal, sin proceso judicial alguno, sin que sus familias supieran dónde estaban ni si seguían con vida.

El centro más conocido funcionó dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, en pleno barrio porteño de Núñez. Se lo conoce por su sigla, ESMA. Ahí, cientos de personas fueron torturadas y muchas terminaron asesinadas, en pleno funcionamiento normal de una escuela naval, con oficiales que combinaban tareas administrativas cotidianas con la organización sistemática de secuestros y torturas.

El objetivo declarado de la represión eran las organizaciones guerrilleras armadas, que para 1976 ya estaban bastante debilitadas militarmente. Pero la definición de "subversivo" que usó el régimen terminó siendo enormemente amplia. Incluía a militantes de organizaciones armadas, sí, pero también a estudiantes, sindicalistas, periodistas, abogados, psicólogos, artistas y a cualquier persona vinculada, aunque fuera de manera lejana, con ideas de izquierda o con actividades gremiales.

Uno de los métodos de exterminio más brutales que usó el régimen se conoció recién años después como los vuelos de la muerte. Prisioneros sedados, todavía con vida, eran subidos a aviones militares que despegaban de noche desde distintas bases. Los arrojaban después al Río de la Plata o al mar abierto, para que sus cuerpos nunca fueran encontrados. El primer testimonio público y detallado sobre este método lo dio en 1995 un ex oficial de la Armada llamado Adolfo Scilingo, que había participado directamente en esos vuelos. Su confesión generó una conmoción enorme en toda la sociedad argentina, porque confirmaba con lujo de detalle algo que hasta entonces circulaba solo como sospecha.

Miles de personas fueron secuestradas, generalmente de noche, por grupos de tareas armados que operaban con total impunidad y con vehículos sin identificación oficial. Los organismos de derechos humanos estiman que la cifra de desaparecidos ronda las treinta mil personas. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada al recuperarse la democracia, documentó formalmente cerca de nueve mil casos individuales en su informe final, aclarando expresamente que esa cifra debía considerarse un piso y no un techo, dado lo difícil que resultaba documentar casos en un sistema diseñado deliberadamente para no dejar rastros.

Uno de los pocos casos que logró trascender fronteras en pleno desarrollo de la represión fue el del periodista Jacobo Timerman, director del diario La Opinión. Fue secuestrado en 1977 y sometido a torturas durante meses en centros clandestinos, sin que mediara jamás una acusación formal en su contra. La presión de gobiernos extranjeros y de organizaciones internacionales de derechos humanos logró finalmente su liberación y expulsión del país. Timerman relató después esa experiencia en un libro titulado "Preso sin nombre, celda sin número", que se convirtió en uno de los primeros testimonios que expusieron ante el mundo la magnitud real del terrorismo de Estado argentino.

Los desaparecidos y el robo de bebés

La palabra "desaparecido" adquirió en Argentina un significado específico y trágico que después se exportó como término técnico a otros países e idiomas. Un desaparecido no era simplemente alguien muerto. Era alguien que el Estado se negaba oficialmente a reconocer como detenido, torturado o asesinado. Las familias recorrían comisarías, cuarteles y juzgados sin obtener nunca una respuesta oficial. Esa incertidumbre prolongada generó un sufrimiento particular, distinto incluso al de otras dictaduras de la región.

En abril de 1977, un grupo de catorce madres de desaparecidos empezó a reunirse todos los jueves frente a la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, para reclamar información sobre sus hijos. Usaban pañuelos blancos en la cabeza, hechos originalmente con pañales de tela, como forma de reconocerse entre ellas en medio de la multitud. Nació así el grupo Madres de Plaza de Mayo, que se convirtió en el símbolo internacional más reconocido de la resistencia civil contra la dictadura. Siguieron marchando todos los jueves durante años, incluso bajo amenazas directas. Una de las fundadoras del grupo, Azucena Villaflor, fue secuestrada y desaparecida en diciembre de 1977, junto con otras dos madres y una monja francesa que colaboraba con ellas.

Uno de los episodios más atroces de todo el período fue el robo sistemático de bebés. Muchas mujeres embarazadas fueron secuestradas y mantenidas con vida solamente hasta dar a luz en centros clandestinos, muchas veces sin ninguna atención médica adecuada. Después de parir, esas mujeres eran generalmente asesinadas. Sus bebés eran entregados de manera ilegal a familias vinculadas con las Fuerzas Armadas o con la policía, que los anotaban como hijos propios, borrando por completo su identidad de origen.

Frente a este crimen específico surgió otro grupo de mujeres, las Abuelas de Plaza de Mayo, que dedicaron el resto de sus vidas a buscar a esos nietos. En un dato curioso y notable, las Abuelas impulsaron el desarrollo de una técnica genética pionera a nivel mundial, conocida como el índice de abuelidad. Permitía establecer un vínculo biológico entre un nieto y sus abuelos, incluso sin contar con muestras genéticas de sus padres desaparecidos. Argentina terminó creando, gracias a ese trabajo, el primer banco de datos genéticos del mundo dedicado específicamente a identificar personas desaparecidas. Hasta hoy, décadas después, las Abuelas siguen encontrando nietos: ya llevan identificados a más de ciento treinta.

La economía y la vida cotidiana bajo la dictadura

El equipo económico de la dictadura, liderado por José Alfredo Martínez de Hoz, implementó un modelo de apertura financiera y desregulación que generó un fuerte endeudamiento externo. La industria nacional sufrió un retroceso considerable frente a las importaciones. La deuda externa argentina se multiplicó varias veces durante esos años, una carga que el país siguió arrastrando durante décadas después de terminada la dictadura.

Para buena parte de la sociedad que no estaba directamente perseguida, la vida cotidiana bajo el régimen combinaba un miedo difuso con una negación generalizada. Muchos argentinos supieron, o intuyeron, que algo terrible estaba ocurriendo, pero el miedo a la represión y la censura de los medios dificultaban enormemente conocer la magnitud real de los hechos. El Mundial de fútbol de 1978, organizado y ganado por la selección argentina, fue usado activamente por el régimen como una vidriera de propaganda internacional, mientras a pocas cuadras de la cancha principal seguían funcionando centros clandestinos de detención.

La Guerra de Malvinas

Hacia 1981, la dictadura ya mostraba signos claros de desgaste. La economía estaba en crisis abierta. Habían empezado a filtrarse denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos. La sociedad argentina, silenciada durante años, empezaba a mostrar señales tímidas de protesta pública. En diciembre de 1981 asumió como presidente de facto el general Leopoldo Galtieri, tras un recambio interno dentro de la propia Junta Militar.

El 2 de abril de 1982, Galtieri ordenó la ocupación militar de las islas Malvinas, un archipiélago en el Atlántico Sur bajo control británico desde 1833 y reclamado históricamente por Argentina como parte de su territorio. La decisión buscaba, en gran medida, recuperar apoyo popular a través de un reclamo territorial que gozaba de un consenso amplísimo entre los argentinos, más allá de cualquier simpatía o rechazo hacia el propio régimen militar.

El efecto inicial fue el buscado. Miles de personas salieron espontáneamente a celebrar en la Plaza de Mayo, la misma plaza donde durante años las Madres habían marchado reclamando por sus hijos desaparecidos. Pero el gobierno británico, encabezado por la primera ministra Margaret Thatcher, respondió enviando una fuerza militar enorme hacia el Atlántico Sur. Después de dos meses y medio de combates, con fuerzas argentinas mal equipadas y mal preparadas para un enfrentamiento de esa escala, además de conscriptos muy jóvenes con escaso entrenamiento militar real, Argentina se rindió el 14 de junio de 1982.

La derrota en Malvinas resultó devastadora para la legitimidad de la Junta Militar. Murieron alrededor de seiscientos cincuenta soldados argentinos durante el conflicto, muchos de ellos adolescentes de dieciocho y diecinueve años. Del lado británico murieron alrededor de doscientos cincuenta soldados, una cifra bastante menor que reflejaba la enorme diferencia de preparación y de equipamiento entre ambas fuerzas. Con los años se conocieron además denuncias graves sobre maltratos y torturas cometidas por oficiales propios contra sus propios conscriptos en el frente de batalla, un capítulo doloroso que tardó mucho tiempo en investigarse con seriedad.

El camino de regreso a la democracia

Tras la derrota en Malvinas, la crisis interna del régimen se volvió imposible de contener. Galtieri renunció apenas días después de la rendición. Lo sucedió el general Reynaldo Bignone, que tuvo la misión de administrar una salida ordenada del poder militar. La sociedad argentina, después de años de silencio forzado, empezó a manifestarse públicamente con mucha más fuerza, reclamando tanto elecciones libres como información sobre los desaparecidos.

El 30 de octubre de 1983, Argentina votó en elecciones presidenciales libres por primera vez en diez años. Ganó Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, en una elección histórica: fue la primera vez que el peronismo perdía una elección presidencial en libertad desde que existía como fuerza política. Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983, marcando formalmente el regreso de Argentina a la democracia.

Una de las primeras medidas de Alfonsín fue crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida por su sigla CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sábato. La comisión recopiló testimonios de sobrevivientes y familiares durante meses. En 1984 publicó un informe con un título que se volvió célebre en toda la región: Nunca Más. Ese informe documentó de manera sistemática los mecanismos de la represión y sirvió como base para los juicios que vinieron después.

En 1985 se realizó el histórico Juicio a las Juntas, en el que tribunales civiles argentinos juzgaron y condenaron a varios de los comandantes de la dictadura, entre ellos Videla y Massera, por delitos como homicidio, tortura y privación ilegal de la libertad. Fue uno de los primeros casos en el mundo en que gobernantes militares fueron sometidos a juicio por tribunales civiles ordinarios de su propio país, sin necesidad de un tribunal internacional. El proceso se convirtió en una referencia mundial para procesos posteriores de justicia transicional en otros países que atravesaron dictaduras similares.

Ese impulso judicial, sin embargo, no fue lineal. Presionado por levantamientos militares internos, el propio gobierno de Alfonsín impulsó a fines de los años ochenta las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que limitaron fuertemente los juicios en curso. Años después, el presidente Carlos Menem indultó además a los principales condenados del Juicio a las Juntas. Recién en 2003 y 2005, ya con Néstor Kirchner en la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema declararon nulas esas leyes de impunidad, lo que permitió reabrir cientos de causas judiciales que continúan activas hasta el día de hoy.

Una conexión con el cine

Este período dejó una huella profunda en la cultura argentina, especialmente en el cine. La película "La historia oficial", dirigida por Luis Puenzo y estrenada en 1985, cuenta la historia de una profesora que empieza a sospechar que su hija adoptiva podría ser hija de desaparecidos. Ganó el Óscar a la mejor película extranjera en 1986, la primera vez que una película argentina o latinoamericana lograba ese premio. Fue, para muchísima gente fuera de Argentina, la primera aproximación real a lo que había pasado durante esos años.

Legado

Casi cincuenta años después del golpe, la última dictadura sigue siendo uno de los temas centrales de la memoria histórica argentina. La ex ESMA funciona hoy como Espacio de Memoria y fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2023, como testimonio de lo que allí ocurrió. Los juicios por crímenes de lesa humanidad continuaron durante décadas, con nuevas condenas dictadas hasta años recientes contra represores identificados mucho después de los hechos.

El impacto económico y social de esos años, sumado al costo humano irreparable de miles de desapariciones, dejó una marca profunda que atraviesa hasta hoy buena parte de la vida política argentina. Cada 24 de marzo, desde 2006 declarado Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, miles de personas siguen marchando en distintas ciudades del país para recordar lo ocurrido.

La frase "Nunca Más", elegida en 1984 como título del informe de la CONADEP, trascendió fronteras. Con los años, otros países que atravesaron procesos similares de violencia estatal adoptaron esa misma expresión para titular sus propios informes de verdad. Se convirtió, casi sin proponérselo, en una síntesis universal del reclamo de memoria, verdad y justicia frente a los crímenes cometidos por un Estado contra su propia población.